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El desafió de la brecha digital en los Territorios Inteligentes

En la medida en que los proyectos de transformación digital en los Territorios toman fuerzan y convierten en Inteligentes las regiones y ciudades, muchas dinámicas sociales, económicas y culturales, pasan a generar dependencia con las tecnologías digitales, convirtiendo a Internet en más que un simple servicio de entretenimiento, reviviendo nuevamente el debate sobre las garantías que deben ofrecerle los estados a los ciudadanos respecto del acceso libre y garantizado a este servicio, especialmente en Latinoamérica en donde la brecha digital sobrepasa los límites aceptables.

¿Deben garantizar las ciudades inteligentes el acceso a Internet de sus ciudadanos?

Por: Gabriel E. Levy B.
www.galevy.com

 

 El índice de Desarrollo Digital CAF de América Latina es de 49.9 (en una escala de 0 a 100), de acuerdo con los análisis anuales que entrega Telecom Advisory Service[1], los cuales están avalados por múltiples organismos internacionales como la CEPAL y la ONU, que lo utilizan como indicador para diversos estudios y políticas públicas.

Solamente las regiones de África (35.05) y Asia Pacífico (49.16), están por debajo, existiendo un rezago muy significativo respecto de Europa Occidental (con un índice de 71.06), América del Norte (80.85), Europa del Este (52.90) y los Estados Árabes agrupados en torno al acrónimo MENA (55.54), lo cual se ve agravado por la tasa de crecimiento anual del índice, que es una de las más bajas del mundo[2].

El índice de desarrollo del ecosistema digital de América Latina y el Caribe presenta una tasa anual de crecimiento compuesto entre el 2004 y el 2018 de 6,21%. La misma es, con excepción de los Estados Árabes, la más baja entre los países emergentes[3].

Brecha Digital

Hasta antes de la Pandemia de Covid19, el tema del impacto de la brecha digital y falta de conectividad en muchas regiones de América Latina era un tema casi exclusivo de las agendas académicas de algunos analistas en la región.

En promedio los gobiernos y la sociedad civil en general no tenían clara la gravedad del impacto de la brecha digital en la vida de los ciudadanos y fue gracias a la pandemia y el confinamiento prolongado, que se hizo visible como millones de personas quedaron por fuera de la cadena productiva, social y educativa, por falta de acceso a Internet, de dispositivos electrónicos o la falta de apropiación de las TIC.

En términos simples, la ausencia de conectividad se ha convertido en un nuevo factor de discriminación social, pobreza, inequidad y asimetría económica, potenciando el caudal de oportunidades educativas, laborales, de salud y sociales para quienes cuenta con una buena conectividad y escaseando dichas oportunidades para quienes no cuenta con este recurso tecnológico.

Smartcities y la amplificación del problema

En la medida en que las ciudades aumentan su oferta de servicios digitales, desde movilidad, salud, medio ambiente, seguridad y entretenimiento, el impacto de la brecha digital en aquellos que no tienen acceso a la conectividad aumenta exponencialmente, perjudicando al ciudadano ya no solo en el plano de lo virtual, sino también en el terreno de lo presencial.

Para entender mejor esta dimensión, basta solamente con imaginarse las repercusiones que traería en una persona que no tiene un Smartphone con acceso a Internet que una ciudad decidiera, por ejemplo, digitalizar todos los aspectos del servicios público, desde el conocimiento de las rutas hasta el pago por el servicio, lo cual simplemente terminaría perjudicando al ciudadano, cuando en realidad debería tratarse de una medida diseñada para beneficiarlo, impidiendo que pueda desplazarse dentro de la ciudad, situación que se repetiría en cualquier otro componente en donde la necesidad de conectividad fuera un condicionante para el acceso a cualquier servicio por parte del ciudadano.

¿Se debe garantizar el acceso a Internet de los Ciudadanos?

Tanto la pandemia, como la digitalización de los territorios, en virtud de los argumentos antes expuestos, reabren el debate respecto no solamente del rol del estado en las garantías del acceso a Internet para sus ciudadanos, sino de la categorización misma de Internet como Servicio Público, es decir, si debe considerarse tan esencial como los servicios de energía, agua y gas.

Hasta ahora en América Latina, la mayoría de los planes gubernamentales de acceso a Internet Gratuito y Público han estado cargados de improvisación y falta de efectividad, las denominadas Zonas Wifi generalmente funcionan bien el primer mes de su implementación y luego conectarse es casi imposible para los usuarios, la falta de un soporte permanente convierte estos servicios en “Elefantes Blancos”, mientras los subsidios para la conectividad domiciliaria son insuficientes, escasos y con fecha de caducidad, mientras los esfuerzos de despliegue de infraestructura generalmente no impactan positivamente en las comunidades vulnerables, en cuanto todas estas iniciativas en muchos casos lo que producen es distorsiones en el mercado, que en últimas terminan perjudicando a los pequeños proveedores de Internet y las comunidades que se auto provisionan los servicios de acceso, mediante esquemas comunitarios.

Es por todo lo anterior que urgen verdaderas políticas públicas en Latinoamérica, que articulen las múltiples iniciativas gubernamentales, corporativas y privadas, incorporando a todos los proveedores de servicios de Internet, pero, sobre todo, a las mismas comunidades, socializando estrategias de forma y fondo que garanticen un acceso universal a Internet de todos los ciudadanos, evitando que la conectividad sea un privilegio en vez de un derecho.

En el caso de los proyectos de Transformación Digital en los territorios, se hace indispensable que incorporen políticas de conectividad universales, de tal forma que las iniciativas jueguen en favor de todos los ciudadanos por igual.

En Conclusión, Los beneficios derivados de la implementación de los Territorios y las Ciudades Inteligentes, no pueden convertirse en un privilegio que solamente favorezca a un reducido grupo de ciudadanos tal y como ha ocurrido hasta ahora con la conectividad.

La pandemia puso en evidencia que Internet dejó de ser un servicio accesorio para convertirse en un servicio público esencial, razón por la cual las políticas públicas se deben articular alrededor de este concepto y la implementación de los territorios inteligentes deben partir del derecho universal de los ciudadanos a la conectividad.

 

 

[1] Informe anual de Telecom Advisory Service
[2] Informe CEPAL Estado de la Digitalización en América Latina
[3] Informe CEPAL Estado de la Digitalización en América Latina

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