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Las ciudades inteligentes prometen eficiencia, sostenibilidad y un nivel de conectividad sin precedentes.
Sin embargo, su crecimiento ha dado lugar a una inquietante paradoja: mientras más tecnología se implementa para mejorar la vida urbana, más vulnerables se vuelven los ciudadanos frente a la vigilancia, el robo de datos y el uso indebido de su información.
El espejismo de la eficiencia tecnológica
Por: Gabriel E. Levy B.
Las ciudades han sido laboratorios de innovación desde su origen.
En la Grecia clásica, el ágora servía como espacio para el intercambio de ideas, mientras que en el Renacimiento, las calles de Florencia se convirtieron en nodos de comercio y cultura.
Hoy, las metrópolis avanzan hacia la digitalización total con sistemas de sensores, cámaras de vigilancia, redes 5G y algoritmos predictivos que monitorean desde el tráfico hasta los patrones de consumo.
El concepto de ciudad inteligente comenzó a tomar forma en la década de 1990, cuando las grandes corporaciones tecnológicas, como IBM y Cisco, vieron en la urbanización un terreno fértil para la integración de datos.
En 2008, IBM lanzó su iniciativa «Smarter Cities», promoviendo el uso de Big Data para optimizar servicios urbanos.
Posteriormente, gobiernos de todo el mundo adoptaron este modelo, desde Singapur hasta Barcelona, impulsando proyectos que utilizan inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la movilidad, la seguridad y la gestión de recursos.
Sin embargo, este avance ha generado un nuevo tipo de preocupación: ¿quién controla estos datos? ¿Con qué fines se utilizan? ¿Cuáles son los límites de la vigilancia estatal y corporativa? Como advierte el filósofo Byung-Chul Han, la sociedad contemporánea ha transitado de un modelo de disciplina a uno de transparencia absoluta, donde los ciudadanos, sin darse cuenta, ofrecen su información a cambio de comodidad y eficiencia.
Ciudades que vigilan: la delgada línea entre seguridad y control
El desarrollo de las ciudades inteligentes ha venido acompañado de un auge en el uso de tecnologías de vigilancia masiva.
En China, el sistema de crédito social, basado en la recopilación y análisis de datos ciudadanos, ha generado un debate global sobre los límites del control estatal. Las calles de Pekín y Shanghái están equipadas con cámaras de reconocimiento facial capaces de identificar a individuos en cuestión de segundos, mientras que en ciudades como Londres y Nueva York, el uso de tecnologías similares ha sido justificado como una herramienta para combatir el crimen.
El problema radica en que estas tecnologías no solo recopilan datos sobre actividades ilícitas, sino también sobre hábitos cotidianos, preferencias de consumo y relaciones interpersonales. Según Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia, los datos no son solo registros de la realidad, sino que se han convertido en una mercancía explotada por empresas y gobiernos con fines comerciales y políticos.
Este modelo de extracción de datos, argumenta Zuboff, representa un riesgo para la autonomía individual y la democracia misma.
En 2013, Edward Snowden reveló la existencia de PRISM, un programa de vigilancia global dirigido por la NSA, que recopilaba información de millones de ciudadanos sin su consentimiento.
Si bien estos programas de espionaje gubernamental generaron indignación mundial, poco ha cambiado desde entonces. Hoy, las ciudades inteligentes han multiplicado la cantidad de datos disponibles para su análisis, muchas veces sin regulaciones claras sobre su almacenamiento y uso.
El dilema regulatorio: ¿quién protege al ciudadano digital?
A pesar del crecimiento exponencial del Big Data en entornos urbanos, la legislación sobre su uso sigue siendo difusa y desigual en el mundo. La Unión Europea ha tomado la delantera con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que obliga a las empresas y gobiernos a garantizar el derecho de los ciudadanos a controlar su información personal. Sin embargo, en otras regiones, como América Latina y Asia, la regulación avanza con mayor lentitud, permitiendo que empresas privadas y gobiernos acumulen datos sin mecanismos efectivos de supervisión.
Un ejemplo claro de esta falta de regulación es el caso de Sidewalk Labs, una filial de Google que en 2017 propuso convertir un distrito de Toronto en una ciudad inteligente basada en la recopilación masiva de datos urbanos.
El proyecto fue cancelado en 2020 tras una ola de críticas por la falta de transparencia en el manejo de la información de los ciudadanos.
El caso reflejó el temor de que las empresas tecnológicas actúen como estados paralelos, gestionando infraestructuras urbanas sin una rendición de cuentas clara.
La falta de normativas unificadas deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Si bien los avances tecnológicos ofrecen mejoras en transporte, salud y seguridad, también abren la puerta a abusos de poder.
La filósofa Judith Butler advierte que el control de la información no solo es una cuestión de privacidad, sino de poder político: aquellos que poseen los datos tienen la capacidad de influir en las narrativas públicas, la toma de decisiones y el comportamiento social.
Ejemplos de ciudades inteligentes y sus desafíos
El caso de Singapur es emblemático. Considerada una de las ciudades más avanzadas en términos de tecnología urbana, su gobierno ha implementado un sistema de vigilancia integral con sensores que monitorean la calidad del aire, el tráfico y el comportamiento ciudadano.
Si bien esta infraestructura ha permitido una gestión eficiente de recursos, también ha generado críticas por el alto nivel de control estatal sobre la población.
Otro caso interesante es el de Barcelona, que ha adoptado un enfoque más centrado en la soberanía de datos.
A través del proyecto DECODE, la ciudad ha desarrollado una infraestructura que permite a los ciudadanos decidir qué información comparten y con quién. Esta iniciativa busca equilibrar la eficiencia tecnológica con el derecho a la privacidad, ofreciendo un modelo alternativo al control centralizado de datos.
Por otro lado, en ciudades como San Francisco, el uso de reconocimiento facial en espacios públicos fue prohibido en 2019 debido a preocupaciones sobre derechos civiles.
Esta medida refleja la creciente conciencia sobre los peligros de una vigilancia descontrolada, en un contexto donde los datos se han convertido en un activo más valioso que el petróleo.
En conclusión
Las ciudades inteligentes representan el futuro de la vida urbana, pero también plantean dilemas profundos sobre la privacidad y el control de la información. La protección del Big Data no es solo una cuestión tecnológica, sino un desafío ético y regulatorio que requiere un equilibrio entre innovación y derechos fundamentales.
En un mundo donde los datos son poder, la pregunta clave sigue siendo: ¿quién tiene el derecho de decidir sobre nuestra información?